La reforma laboral 2026 ya está en vigor y obliga a las empresas a revisar desde este 19 de noviembre la información que entregan a cada trabajador, los periodos de prueba, la gestión de las horas complementarias y sus sistemas de transparencia salarial. El Real Decreto-ley 39/2026, publicado el día 18 en el BOE, modifica el Estatuto de los Trabajadores y el reglamento de igualdad retributiva con efectos prácticos inmediatos para recursos humanos, asesorías y plantillas.
Qué cambia desde hoy en la relación laboral
La primera novedad es una garantía expresa frente a represalias. El Estatuto reconoce el derecho a no sufrir un trato desfavorable por reclamar derechos laborales, tanto ante la propia empresa como mediante una actuación administrativa o judicial. No crea el derecho a reclamar ,que ya existía,, pero lo incorpora de manera explícita al catálogo de derechos básicos y refuerza el rastro documental que una compañía debería conservar cuando adopta una decisión después de una queja.
La norma también generaliza la obligación de informar por escrito de los elementos esenciales de la relación laboral cuando no consten en el contrato. La comunicación debe producirse al inicio y cuando cambie alguna de esas condiciones, y alcanza además a la representación legal. Para las empresas, la cuestión no consiste solo en tener un modelo de contrato correcto: deberán coordinar contrato, anexos, comunicaciones de cambios, política de horarios y sistemas de registro.
Este refuerzo de la trazabilidad llega después de otras obligaciones administrativas recientes. El calendario de días inhábiles de 2027, por ejemplo, condiciona los plazos ante la Administración, mientras que la nueva norma laboral actúa sobre la documentación que nace dentro de la empresa. Son planos diferentes, pero ambos exigen revisar procedimientos antes de que aparezca un conflicto.
Horas complementarias: preaviso y pago si la empresa cancela
En el trabajo a tiempo parcial, la persona empleada deberá conocer el día y la hora de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio fije otro plazo inferior. Si no se respeta el preaviso, podrá rechazar la asignación sin consecuencias desfavorables. Y si la empresa cancela total o parcialmente esas horas, conservará el derecho a cobrarlas.
La consecuencia operativa es clara: los turnos ya no pueden tratarse como una simple previsión informal. La compañía necesita acreditar cuándo comunicó cada ampliación, quién la recibió y, en caso de cancelación, cómo se reflejó en nómina. En sectores con demanda variable ,comercio, hostelería, atención al cliente o logística, el coste de una rectificación tardía deja de recaer automáticamente sobre el trabajador.
La conversión entre jornada completa y parcial sigue siendo voluntaria. La reforma añade que rechazar ese cambio no puede justificar un despido, sanción o perjuicio, sin impedir que la empresa adopte medidas por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas cuando cumpla los requisitos legales.
Los nuevos límites del periodo de prueba
El periodo de prueba mantiene como topes generales seis meses para técnicos titulados y dos meses para el resto. En empresas con menos de 25 personas, el máximo para trabajadores que no sean técnicos titulados será de tres meses. La principal precisión afecta a la contratación temporal: si el contrato dura seis meses o más, el periodo de prueba no podrá superar un mes; si dura menos, debe reducirse proporcionalmente.
Los convenios pueden regular la materia, pero una ampliación deberá justificarse por la naturaleza del empleo, el interés del trabajador o la necesidad de evaluar la idoneidad cuando la relación estuvo suspendida. Sigue siendo nulo pactar una nueva prueba cuando la misma persona ya desempeñó esas funciones en la empresa bajo cualquier modalidad.
Para evitar errores, recursos humanos debería comparar la duración del contrato, la categoría profesional y el convenio antes de generar el documento. Un modelo único para toda la plantilla puede producir cláusulas inválidas. Además, la norma confirma que determinadas situaciones ,incapacidad temporal, nacimiento, adopción, riesgo durante el embarazo o violencia de género, entre otras, interrumpen el cómputo si existe acuerdo entre las partes.
El trabajador podrá pedir un empleo más estable
El nuevo artículo 21 bis permite solicitar el paso a una vacante con condiciones más previsibles o estables. Incluye la conversión voluntaria entre tiempo completo y parcial, el aumento de jornada de quien trabaja a tiempo parcial, el tránsito de temporal a indefinido y el paso de fijo discontinuo a indefinido ordinario. Para otros cambios de contrato o puesto se exige una antigüedad mínima de seis meses.
La solicitud no equivale a un ascenso automático ni obliga a crear una plaza. Sí establece un cauce que la empresa deberá gestionar de forma coherente y no discriminatoria. Resultará prudente mantener un inventario actualizado de vacantes, criterios de selección y respuestas. La falta de uniformidad entre casos comparables puede convertirse en un indicio relevante en una reclamación.
La transparencia salarial gana peso
La reforma amplía el contenido práctico de registros y auditorías retributivas. Las empresas deben utilizar criterios objetivos y neutros para fijar retribuciones, niveles y progresión; la auditoría debe observar información de los tres últimos años, explicar diferencias y contemplar factores como promociones, disponibilidad o efectos de permisos de cuidado. Cuando se detecte una desigualdad no justificada, el plan corrector no podrá prolongarse más de seis meses.
La información tendrá que ser comprensible y accesible. La norma crea además una comisión estatal de seguimiento que podrá recopilar datos, analizar reclamaciones y facilitar comparaciones por empresas, sectores y territorios. Esto eleva la importancia de que el registro salarial no sea un archivo aislado, sino que coincida con nóminas, clasificaciones profesionales y políticas de promoción.
La dimensión económica también importa. El nuevo marco fiscal de 2027 para autónomos y las reglas laborales afectan a colectivos distintos, pero obligan a asesorías y pymes a actualizar procesos casi al mismo tiempo. En compañías con proveedores intensivos en personal, conviene comprobar asimismo que los contratos comerciales reflejan correctamente cambios de costes y responsabilidades.
Una lista de comprobación para empresas
El primer paso es revisar modelos de contrato y anexos para verificar que contienen todos los elementos esenciales. El segundo, auditar periodos de prueba en nuevas altas temporales. El tercero, adaptar la herramienta de turnos para registrar preavisos y cancelaciones de horas complementarias. El cuarto, crear un procedimiento de solicitudes de transición a puestos más estables. Y el quinto, confrontar registro y auditoría salarial con los datos reales de los últimos tres ejercicios.
No todas las obligaciones se aplican igual a todas las empresas, porque influyen tamaño, convenio, representación legal y modalidad contractual. Sin embargo, la entrada en vigor no tiene un periodo general de adaptación: el BOE fija el 19 de noviembre. La respuesta adecuada no es rehacer de forma automática todos los contratos, sino identificar qué procesos cambian y documentar las correcciones.
La fuente determinante es el texto completo del Real Decreto-ley 39/2026. La referencia del Consejo de Ministros aporta contexto, pero ante cualquier duda prevalece la redacción publicada. Para las empresas, la clave es sencilla: desde hoy la previsibilidad de las condiciones y la trazabilidad de las decisiones dejan menos espacio a la gestión informal.





